La jueza de la Jurisdicción Permanente del Distrito Nacional conocía esta mañana la solicitud de medidas de coerción contra el teniente retirado del Ejército que mató de un balazo en la cabeza a una joven a punto de graduarse de ingeniera civil.
La jueza Keila Pérez ventilaba el proceso donde el Ministerio Publico planteó prisión preventiva contra el oficial retirado Rafael Santiago García Sosa, de 49 años.
García Sosa mató de un disparo en la cabeza a la joven Engeli María González Castillo, de 26 años, mientras viajaban en un minibús del transporte público por la avenida John F. Kennedy esquina San Martín.
De acuerdo a versiones, el oficial retirado disparó porque se molestó con el chofer Cruz Migdio Tejada Tejada, de 36 años, porque no lo dejó antes de subir el paso a desnivel de la John F. Kennedy esquina Lope de Vega.
El padre de la víctima, René González Polanco, se quejó esta mañana porque anoche el juez no conoció las medidas de coerción alegando que estaba agotado porque había conocido 26 casos.
"Hemos estado aquí esperando la medida de coerción que se va adoptar contra ese individuo. Anoche se iba a conocer pero el magistrado la aplazó para hoy", dijo González Polanco.
Los familiares denunciaron que tienen informaciones de que un "jerarca" estaría procurando obtener la libertad del oficial retirado involucrado en el caso y que la secretaria de un tribunal está emparentada con el victimario.
La joven muerta era casi ingeniera civil, porque estaba a punto de presentar su tesis en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y se informó que es pariente de un general de la Policía.
Los restos de la joven fueron sepultados esta mañana en el cementerio Cristo Redentor.
Pedirán 30 años
Por otro lado, el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, instruyó hoy al fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero, para que solicite la imposición de 30 años de prisión contra el teniente retirado García Sosa.
Dijo que la justicia tiene que dar un duro ejemplo con el oficial retirado, para que hechos de esa naturaleza no se repitan.
Expresó que en lo que a él se refiere impartió instrucciones precisas al fiscal Hernández Peguero para que solicite la imposición de la pena máxima, que es de 30 años de prisión.


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